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Amnistía Internacional sostiene que la ayuda a México para combatir los carteles de drogas no debe ser una carta blanca para las Fuerzas de seguridad abusivas

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El grupo de Derechos Humanos sostiene que el Congreso debe insistir sobre la responsabilidad de la policía mexicana y militares en la financiación de la iniciativa de Mérida

(Washington) -- Amnistía Internacional hoy determinó que debido a un amplio historial de abuso de los derechos humanos por parte de la policía mexicana y las fuerzas militares -- incluyendo demandas no resueltas de 26 mujeres que acusan haber sido violadas y golpeadas por la policía en San Salvador Atenco dos años atrás -- la ayuda de EE.UU. a México debe incluir estrictos mecanismos de responsabilidad para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial de México. Se espera que la Cámara de Representantes de EE.UU. evalúe y vote esta semana la legislación para la Iniciativa de Mérida, un paquete de $1,4 billones solicitado por el gobierno de Bush para ayudar a México y Centroamérica a combatir los carteles de drogas y el crimen organizado. Una legislación que autoriza la financiación pero que incluye insuficientes salvaguardas de los derechos humanos se informará el día de hoy.

"La ayuda para México no debe ser un cheque en blanco para las fuerzas de seguridad mexicanas, las cuales han estado involucradas en crímenes como violaciones y tortura", dijo Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional EE.UU. (AIUSA). "Si la ley de autorización no incluye fuertes salvaguardas para los derechos humanos, Estados Unidos estaría enviando el mensaje equivocado a las fuerzas de seguridad mexicanas en un primer momento al crearse esta asociación, lo cual puede llegar a tener graves consecuencias. EE.UU. debe estar seguro de que su ayuda esté apoyando la justicia y el estado de derecho en México y no permitiendo los abusos de derechos humanos".

Amnistía Internacional dijo que permitir cualquier tipo de "exención" de las salvaguardas de los derechos humanos dentro de la legislación perjudicaría a esas protecciones. La organización de los derechos humanos le pidió a los miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que tomen en consideración cuidadosamente las consecuencias para Estados Unidos y México al autorizar las iniciativas que podrían exacerbar los abusos a los derecho humanos en México.

En un ejemplo de continuas preocupaciones de los derechos humanos sobre las fuerzas de seguridad de México y el sistema judicial, las autoridades no han podido denunciar a aquellos responsables por los ataques a civiles en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Hoy en día, 96 Representantes de EE.UU. enviaron una carta bipartidista a las autoridades mexicanas - el Procurador General federal y el gobernador del Estado de México - expresando preocupación sobre la falta de justicia en estos casos.  En el incidente, la policía respondió a las protestas de los activistas de una organización campesina local y arrestó a 47 mujeres durante el acto de violencia que tuvo lugar a continuación. Bárbara Italia Méndez fue una de las 26 mujeres que denunció haber sido sujeta a abuso físico,  sexual y psicológico por parte de la policía.  Ella declaró ante las autoridades federales y estatales que fue golpeada y violada repetidas veces por tres oficiales de la policía mientras otros oficiales uniformados los alentaban.  Ninguno de los oficiales involucrados ha sido enjuiciado.

La carta, iniciada por Representantes de Solis (D-CA) y McGovern (D-MA) y apoyada por Amnistía Internacional, le pide al Procurador General federal de México que asuma jurisdicción sobre la investigación y se asegure que los testimonios hasta ahora recolectados sean utilizados para identificar y presentar cargos contra los responsables.

Las investigaciones de Amnistía Internacional han puesto en evidencia serias fallas en el sistema judicial de México, incluyendo:

• Detención arbitraria, tortura, juicios injustos e impunidad.
• La detención y prosecución de activistas sociales y políticos y defensores de los derechos humanos para silenciar a aquellos que hablen sobre las violaciones de los derechos humanos y corrupción.
• Informes de tortura descartados o ignorados por los jueces, reforzando así la impunidad.

Amnistía Internacional recomienda que la ayuda de EE.UU. sea utilizada para asistir a México en tratar importantes fallas del sistema judicial y de las instituciones de seguridad pública, las cuales han permitido el desarrollo de violentos crímenes y la impunidad de la violación de los derechos humanos. Si no se tratan estos temas con efectividad, estas preocupaciones tendrán como consecuencia continua violencia relacionada con la droga y abusos por miembros de la policía, militares y ofíciales de la justicia, según dijo la organización de los derechos humanos.

"Autorizar la asistencia de las fuerzas de seguridad sin requerir que se castigue a los violadores de los derechos humanos y sin asegurar que las libertades básicas estén protegidas, perjudicará el estado de derecho en México", dijo Renata Rendón, directora de incidencia para las Américas en AIUSA. "Los contribuyentes de América no deberían pagarle a las fuerzas militares y de la policía que cuentan con un historial de abuso si no se garantiza que estas fuerzas se están reformando radicalmente".

Amnistía Internacional dijo que cualquier iniciativa que apoye la lucha de México contra los carteles de droga y crimen organizado se debe concentrar en el estado de derecho y debe además presentar cargos judiciales contra los asesinatos no resueltos del periodista estadounidense Bradley Roland Will y otros civiles, en Oaxaca en 2006.

Las recomendaciones de Amnistía internacional para la financiación de la Iniciativa Mérida incluyen:

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  • Entrenamiento del personal de las fuerzas de seguridad en estándares de los derechos humanos, particularmente en el uso de la fuerza.
  • Investigar a todos los destinatarios de ayuda para asegurar que no hayan estado implicados en violaciones a los derechos humanos.
  • Transferir la investigación de los casos de derechos humanos que implican a personal militar de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil, de acuerdo a los estándares internacionales.
  • Establecer un fuerte mecanismo independiente para monitorear la implementación de la Iniciativa Mérida y su impacto en los derechos humanos en México.
  • Apoyar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México.
  • Monitorear los esfuerzos del sistema judicial para eliminar el uso de la tortura como forma de extracción de información y confesiones.

Para obtener más información, visite: www.amnestyusa.org/mexico